BOGOTÁ (AP) — La Corte Suprema de Justicia de Colombia no eligió el jueves a la nueva fiscal, como estaba previsto, luego de que ninguna de las tres abogadas propuestas por el presidente Gustavo Petro obtuvo la mayoría de los votos, pese a los llamados de celeridad y la tensión que ha rodeado el proceso.
El magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte, dijo a la prensa que aunque no alcanzaron un consenso, hubo un “avance bastante importante” dado que disminuyeron los votos en blanco y una de las aspirantes obtuvo un “número importante de votos, lo que nos permite avizorar con optimismo que estamos próximos a alcanzar el consenso”.
Se trató de la tercera ronda de votación para elegir a la nueva fiscal general desde que inició el proceso en diciembre pasado. Para conseguir el cargo, alguna de las candidatas debe obtener una mayoría de 16 votos de 23 posibles, como lo exige el reglamento.
Los magistrados volverán a reunirse el 7 marzo para una siguiente deliberación, señaló Chaverra.
Al no tener un límite de tiempo establecido para elegir, la Corte puede tomar el que considere. En 2020, tomó cinco sesiones para elegir al fiscal general.
“La Constitución le exige a los miembros de la Corte que elijan fiscal rápidamente, objetivamente y sin ninguna clase de demora”, dijo a The Associated Press Luis Alfonso Castaño, un abogado que se manifestaba a las afueras de la Corte. “Seguiremos protestando, no nos queda de otra. Están dejando la Fiscalía en manos de una señora que está muy cuestionada”, agregó.
La elegida quedará a cargo de una poderosa entidad que actualmente investiga casos que involucran a familiares del jefe de Estado y a la campaña electoral con la que obtuvo la victoria en 2022.
Petro, quien denunció que el anterior fiscal habría estado presionando para sacarlo del cargo, postuló a Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez Parra, a quienes ha calificado de “decentes” que no responden a intereses políticos ni son de su círculo.
Francisco Barbosa, abierto crítico de Petro, fue reemplazado desde el 13 de febrero por la vicefiscal Martha Janeth Mancera, hasta ahora su mano derecha, entre tanto la Corte elige una nueva fiscal.
Mancera enfrenta cuestionamientos tras ser señalada por medios de comunicación locales de presuntamente tratar de encubrir a un exfuncionario de la entidad que estaría vinculado con narcotráfico y tráfico de armas. Sin embargo, la funcionaria lo ha negado y ha dicho que se trata de una campaña de desprestigio en su contra.
La policía desplegó un dispositivo de seguridad con cientos de agentes entorno del Palacio de Justicia, sede de la Corte, para evitar que manifestantes partidarios del gobierno intenten bloquear el acceso, tal como sucedió el 8 de febrero durante la anterior votación en la que no hubo humo blanco. La Corte lo calificó de “asedio” y de un “bloqueo violento e ilegal”.
La votación del jueves en la Corte transcurrió sin incidentes, con decenas de manifestantes pacíficos en la Plaza de Bolívar, aledaña al Palacio de Justicia.
Iván García, un docente que exigía al tribunal celeridad en la elección, dijo a la AP que cree que la tardanza corresponde a “la resistencia”de que sea elegida una de las tres abogadas propuestas en una terna por el presidente dado que no pertenecen a un “acuerdo de impunidad que reina en este país”.
Para Javier Garay, doctor en Ciencia Política y docente de la Universidad Externado de Colombia, el proceso se podría dilatar aún más cuanta más presión se genere por parte del “petrismo” y, en especial, del gobierno para la elección de la fiscal.
“Se ha convertido en una cuestión de reputación de la misma Corte no basar la elección en una cuestión de subordinación a las exigencias del gobierno nacional, para mostrar su independencia”, indicó Garay a la AP.
Los llamados para que la Corte elija sin dilación a la fiscal han venido tanto del presidente, quien no confía en la imparcialidad de Mancera, como de organismos internacionales.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alentó a la Corte a concluir el proceso lo más rápido posible y al Estado, particularmente al gobierno, a “brindar las garantías” para que elija sin interferencias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la Fiscalía, al tener el monopolio de la acción penal en Colombia, juega un “papel fundamental” para evitar la impunidad y preservar la democracia. “La ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía”, advirtió en un comunicado el 13 de febrero.
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